Un mal trió: La Universidad
Privada de Tacna, la competencia educativa y el oportunismo post-contractual
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Empezaré diciendo
que soy egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad Privada de Tacna, y durante
el tiempo que allí estudie tuve la oportunidad de ser miembro de los órganos de
gobierno de dicha casa superior de estudios, en representación del movimiento
estudiantil “Renueva Upt”, del cual soy cofundador.
Ahora me voy a lo
importante, en el año 2011 existieron diversos problemas en la Universidad Privada de Tacna por el aumento
tanto de la matrícula como del valor del crédito académico, el problema no solo
radicaba en que la universidad aumentara los costos ya mencionados, sino la
forma de realización de este aumento. Me explico mejor, así por ejemplo en el
caso del aumento de la matrícula se tomo la decisión ad portas de finalizar el
ciclo académico, no hubo tiempo de comunicar nada; más de uno nos quedamos con
un mal sabor de boca. Pese a esta situación, un ciclo académico después la
Universidad, remetió de nuevo contra la economía de los universitarios, así
decidió aumentar el costo del valor del crédito académico, y pese a que se voto
en contra en los órganos de gobierno de la Universidad, no se ganó –lógicamente
porque los estudiante somos minoría, un tercio en realidad de los docente y
ellos nunca votarían en contra de sus intereses (mayor ingreso = mayor sueldo)-
así recurrí en su representación al Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), denunciando estos
actos, lamentablemente aún no se tiene una resolución por parte de dicho órgano
regulador, aunque ya va el proceso por los seis meses.
Actualmente, veo
nuevamente que la universidad, busca posiblemente otra vez aumentar el crédito
académico, lógicamente en algún momento lo volverá a hacer, y es en base a esa
probabilidad que creo necesaria la intervención del INDECOPI, en mérito a lo
siguiente:
a) La naturaleza del derecho a
la educación, que bien ha sido configurada por el Tribunal Constitucional señalando “que la
educación posee un carácter binario, pues no sólo se constituye un derecho
fundamental, sino también un servicio público. De un lado, si tenemos en cuenta
que el concepto de derecho fundamental comprende “(...) tanto los presupuestos
éticos como los componentes jurídicos, significando la relevancia moral de una
idea que compromete la dignidad humana y sus objetivos de autonomía moral, y
también la relevancia jurídica que convierte a los derechos en norma básica
material del Ordenamiento, y es instrumento necesario para que el individuo
desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades (...)”, y que “Los derechos
fundamentales expresan tanto una moralidad básica como una juridicidad básica”
(Peces-Barba, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General.
Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1999,
pág. 37), entonces, la educación se configura como un derecho fundamental,
siendo responsables de su efectividad la familia, la sociedad y el Estado (…)
Asimismo, si bien mediante el derecho
fundamental a la educación se garantiza a toda persona el interés jurídicamente
protegido de recibir una formación que tiene por finalidad lograr su desarrollo
integral y la promoción del conocimiento, entre otras, también se impone a toda
persona el deber de cumplir con aquel conjunto de obligaciones académicas y
administrativas establecidas por los órganos competentes.
De otro lado, la educación se configura también
como un servicio público, en la medida que se trata de una prestación pública
que explicita una de las funciones-fines del Estado, de ejecución per se o por
terceros bajo fiscalización estatal. Por ende, el Estado tiene la obligación de
garantizar la continuidad de los servicios educativos, así como de aumentar
progresivamente la cobertura y calidad de los mismos, debiendo tener siempre
como premisa básica, como ya se ha mencionado, que tanto el derecho a la
educación como todos los derechos fundamentales (e incluso las disposiciones
constitucionales que regulan la actuación de los órganos constitucionales)
tienen como fundamento el principio de la dignidad humana”[1].
Así
también, respecto al derecho a la
educación en las universidades[2],
estableció que “si bien se trata de un contrato de prestaciones recíprocas, no
por ello se puede atribuir, sin más, a la presente controversia una naturaleza
civil o contractual, que deba ser resuelta al amparo de las normas de Derecho
Privado, en la medida que el servicio brindado por la demandada es considerado
como un servicio público, el cual atiende a la prestación de un específico derecho
social fundamental como el derecho a la educación”. Siendo así “necesario tener
en cuenta que si bien la universidad privada lleva a cabo una actividad
calificada como servicio público y que se orienta a la satisfacción de un
derecho fundamental, no por ello dicha actividad deja de tener o pierde su
cualidad primordial de actividad empresarial, garantizada por la libertad de
gestión y empresa que todo ente privado de este carácter ostenta. En dicha
línea, es preciso tener presente que cuando se aborda un problema de este tipo
no sólo debe considerarse el carácter de derecho fundamental que ostenta el
servicio educativo, sino que es preciso atender también al legítimo derecho de
la entidad educativa privada de requerir la contraprestación dineraria correspondiente”[3].
Así
se deduce el carácter fundamental del Derecho a la Educación y el deber del
Estado –más aún del INDECOPI- de tutelar a los consumidores, que actuando con
diligencia ordinaria, adquieren los bienes y servicios en el mercado (en este
caso educativo), en mérito al principio pro consumidor[4].
b) El artículo 18° de la Constitución Política del Estado, establece “La
educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión
cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y
tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la
intolerancia (...) La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y
graduados (...)”.
En
cuanto se refiere a la naturaleza de las
Universidades (empresas o entidades privadas, al fin y al cabo) “el
Colegiado ha dado cuenta de algunos “deberes” de empresas que ofrecen servicios
al público: “Les corresponde el deber constitucional, legal y cívico de adecuar
cada una de sus actividades a los designios de una economía social de mercado, en
las cuales su beneficio personal no sea el punto de partida y finalidad de su
actividad, sino la inevitable consecuencia de haber brindado un servicio digno,
de calidad y un costo razonable”[5].
Así
se concluye que el papel de las Universidades (públicas y privadas), es
trascendental en el desarrollo de un país, consagrándose dicha finalidad en el
texto constitucional.
En
el caso de la Universidad Privada de Tacna, se advierte que no es la primera
vez que realiza acciones atentando contra la buena fe en la relación de
consumo, así verbigracia, encontramos
las denuncias contra la misma por el aumento de las pensiones o por el cobro
del seguro universitario. Observamos entonces que dicha casa superior de
estudios, se encuentra incumpliendo de forma reiterada sus obligaciones, siendo
que esta conducta deba ser regulada por el INDECOPI, en mérito a que “son
conductas que deben ser asumidas por los organismos reguladores, sea mediante
acciones ex ante -regulaciones previas-, o ex post -sanciones ejemplares que
disuadan tanto al infractor como a los distintos competidores de atentar contra
los valores de un mercado eficiente y humano”[6].
Ahora
si bien admitimos que el aumento del servicio educativo, debería traer consigo
una mejora en la calidad en el servicio o en la educación que la misma ofrece,
que son factores determinantes para la elección de un centro educativo superior
o no; aquí aclaré una situación que se
puede tergiversar, yo soy de ideología liberal, creo entonces perse en la libre
competencia y en el mercado, pero aún así no creo que pueda todo delegárselo al
mismo, bajo la premisa de la libre competencia. Ya que la lógica de competencia
educativa que se podría utilizar para el cambio de instituciones educativas de
nivel inicial, primario o secundario, no puede ser forzada a utilizarse en las
universidades (por lo menos no en Tacna) debido a la reducida competencia
educativa universitaria (en Tacna, solo existe la Universidad Privada, la
Universidad Nacional Jorge Basadre y la Universidad Alas Peruanas, refiriéndome
claro a las universidades que brindan clases presenciales y que gozan
actualmente de cierto prestigio, claro es una valoración estrictamente
subjetiva) , además de tener en cuenta que el cambio de Universidad, tiene
características sui generis, por lo que un traslado de un estudiante no solo
implica costo económico, sino también, la convalidación de cursos, la
aprobación de exámenes, el encontrar una vacante y demás. Entonces concluiremos
que pareciese que actualmente nos
encontramos en una suerte oportunismo post-contractual, presentándose el mismo “Luego de que un
contrato se celebra y las dos partes se someten a éste, puede ser cierto que
alguna de las partes tenga cierto poder sobre la otra. Esto sucede a menudo
cuando una de las partes ha invertido tiempo,
dinero o ha dejado pasar otras oportunidades confiando en el contrato.
Tal poder contractual es especialmente poderoso si una de las partes ha incurrido en “costos hundidos”, esto es,
costos que no podrán ser recuperados sino a través del contrato. Si una de las
partes trata de tomar ventaja de su situación contractual, tal comportamiento
puede ser llamado “oportunismo post-contractual”[7].
Este
criterio ya ha sido utilizado por la Comisión de Protección al Consumidor en
anteriores oportunidades, pudiendo citar como ejemplo la denuncia presentada
por una asociación de consumidores contra una clínica local por la imposición
de una franquicia deducible por el incremento de costos operativos, en donde la
Comisión estableció que: ….un “consumidor razonable” que se encuentra al tanto
que algunos conceptos estrechamente vinculados al servicio contratado podrán
ser modificados por el proveedor en base a los costos operativos del mismo,
esperaría que, al momento que se efectúe el referido reajuste, se le brinde la
información suficiente respecto de cuáles son los conceptos y variables que han
generado un incremento en los costos operativos antes mencionados y que, por
tanto, resulta necesario efectuar un reajuste…..Al respecto, la Comisión
considera que lo señalado anteriormente no proporciona a los afiliados al
Programa la información suficiente respecto de cómo se habrían incrementado los
costos operativos del mismo, toda vez que, para ello, hubiera sido necesario
que la Sociedad brindara información más detallada respecto de dicha
circunstancia y de cuáles eran los factores que influyeron en el referido
incremento, a fin de no afectar los intereses económicos de los afiliados. (el
énfasis es añadido). Nótese en el caso específico que si bien es cierto que la
clínica informó oportunamente del establecimiento de la franquicia deducible,
ello no fue suficiente para que se cumpliera con el deber de información que
tiene todo proveedor, Ver Resolución N°826-2009-CPC del 25.03.2008[8].
Configurándose
probablemente dicha conducta, como un método comercial abusivo o práctica
abusiva, conforme lo dispuesto por el Código de Protección y Defensa del
Consumidor.
“Artículo
56º.- Métodos comerciales coercitivos
56.1
De manera enunciativa y no limitativa, el derecho de todo consumidor a la
protección contra los métodos comerciales coercitivos implica que los
proveedores no pueden: (…)
f.
Tomar ventaja indebida en las relaciones contractuales de duración continuada o
de tracto sucesivo, en aquellas situaciones en las que el cambio de un
proveedor resulta significativamente costoso para el consumidor.
Artículo
57º.- Prácticas abusivas
También
son métodos abusivos todas aquellas otras prácticas que, aprovechándose de la
situación de desventaja del consumidor resultante de las circunstancias
particulares de la relación de consumo, le impongan condiciones excesivamente
onerosas o que no resulten previsibles al momento de contratar.”
Así,
lo haré aún más claro, si yo pacte con
la Universidad el pago de una cantidad por ejemplo S/.350.00 soles mensuales,
por el servicio educativo y demás (acceso a biblioteca, uso de centros
deportivos y otros); no es románticamente “justo” que la Universidad en el
período de un año, aumente el costo de la pensión a S/.375.00 soles
mensuales, el aumento no es en sí mismo
elevado, (no hablamos de una dúplica, ni un aumento del cincuenta por ciento)
pero de igual manera es un aumento evidente y claro, muchos alumnos podrán
seguirlo pagando, pero lo pagan no porque les parezca justo, sino por el hecho
de que el costo que significaría cambiarse de universidad es demasiado oneroso
por las razones explicadas supra. Por último creo que las autoridades (Rectora,
Vice Rectores y demás) lo entienden a la perfección y le sacan provecho, se
escudan en una supuesta competencia educativa y perfección de la misma, cuando
solo es oportunismo y ganas de ganar un poco más.
[4] “Dicho postulado o proposición plantea la acción tuitiva del Estado a
favor de los consumidores y usuarios en razón de las objetivables desventajas y
asimetrías fácticas que surgen en sus relaciones jurídicas con los proveedores
de productos y servicios”. Sentencia del Tribunal Constitucional.EXP.
N.° 3315-2004-AA/TC. Fundamento 9.
[5] SUMAR, Oscar. Ensayos sobre Protección del Consumidor en el Perú.
Ensayo de SOSA SACIO, Juan Manuel.
Una Mirada Constitucional a la defensa del consumidor, con especial referencia
a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. II. Los Consumidores y
Derechos Fundamentales.2. Contenido protegido del derecho a la protección del
interés de los consumidores y usuarios. Universidad del Pacífico. 1° Edición:
marzo 2011. Pág. 155.
[7] INFORME Nº
025-2004-INDECOPI/ST-CLC. De la Comisión de Libre Competencia del
INDECOPI. Fundamento 12.
[8] CASTRO GARCÏA, Paul H. Disponible en la página
web <<http://blog.pucp.edu.pe/blog/paulcastro>>. Citado el 24/02/2012.
